Cuidar la salud mental de toda la comunidad escolar en contextos de violencia

Mg. Daniel Dreifuss – psicoterapeuta de orientación psicoanalítica. Director de comunicaciones del CPPL. Docente y coordinador de cátedra de Psicopatología.

Cuando una escuela vive situaciones de violencia, sus efectos no se limitan a quienes aparecen directamente involucrados. Un estudiante agredido puede empezar a temer los recreos; sus compañeros pueden sentirse inseguros o culpables por haber guardado silencio; un profesor puede preguntarse si habría podido intervenir antes. También los directivos, el personal administrativo y las familias cargan con preocupación, tensión y, a veces, desconfianza mutua. Cuidar la salud mental exige reconocer que la violencia afecta a una comunidad entera y que la respuesta debe construirse entre todos.

La violencia escolar adopta formas visibles, como los golpes y las amenazas, y otras que pueden pasar inadvertidas: burlas persistentes, exclusión, difusión de rumores, humillaciones en redes sociales o abuso de poder por parte de un adulto. Su impacto depende de la experiencia de cada persona, de la duración de los hechos y de la respuesta que encuentre en su entorno. Por eso, antes de apresurarse a explicar lo ocurrido o a buscar culpables, la escuela necesita escuchar, proteger y establecer con claridad qué sucedió.

Para los alumnos, sentirse seguros es una condición para aprender. Deben saber a quién acudir, cómo comunicar una situación de violencia y qué ocurrirá después de hacerlo. Escuchar a un estudiante supone tomar en serio su relato, evitar preguntas que lo hagan sentirse responsable de la agresión y proteger su privacidad. Por el contrario, no escucharlo ahonda el sufrimiento y es ahí en el que un acto se constituye en una escena traumatizante (Ferenczi, 1932).

También implica prestar atención a quienes presenciaron los hechos: algunos necesitan ayuda para pasar del temor o la pasividad a una participación responsable. El estudiante que ejerció violencia requiere límites claros y consecuencias proporcionales, junto con una oportunidad de comprender el daño causado y modificar su conducta. Cuando hay un desequilibrio de poder o riesgo para la víctima, no corresponde imponer una reconciliación ni enfrentar a las partes como si estuvieran en igualdad de condiciones, ya que, en ocasiones, el agresor no parece agredir a una persona, sino a “algo” que no es reconocido como sujeto susceptible de sufrimiento.

Los profesores suelen ser los primeros en advertir cambios: ausencias, aislamiento, irritabilidad, caída del rendimiento o dificultades para concentrarse. Su cercanía es valiosa, pero no deben quedar solos con la tarea de investigar, contener y resolver cada caso. Necesitan formación, tiempo para coordinar con sus colegas y acceso a orientación especializada. También necesitan espacios donde hablar del desgaste que producen la vigilancia constante, los conflictos con las familias y la sensación de no contar con recursos suficientes. Cuidar al docente fortalece su capacidad de cuidar, sin exigirle que desempeñe el papel de terapeuta.

Los directivos tienen una responsabilidad decisiva: convertir el compromiso con el bienestar en prácticas cotidianas. Esto requiere protocolos adecuados, adaptables a distintos tipos de situaciones, que sean conocidos por todos, canales de comunicación confiables y decisiones consistentes. Ante una denuncia, deben proteger de inmediato a quienes puedan estar en riesgo, registrar los hechos, seguir los procedimientos aplicables y coordinar la atención necesaria. La transparencia importa, pero debe convivir con la confidencialidad. Una comunicación apresurada o ambigua puede alimentar rumores y agravar el sufrimiento. Los equipos directivos también necesitan apoyo institucional para tomar decisiones difíciles sin quedar atrapados entre la presión de actuar rápidamente (precipitada e impulsivamente) y el deber de actuar con cuidado y determinación.

El personal administrativo, de recepción, mantenimiento y vigilancia forma parte de la vida emocional de la escuela. Muchas veces ve lo que sucede en pasillos, entradas y patios, o recibe primero a una familia angustiada. Incluirlo en la formación y en los circuitos de comunicación permite detectar señales tempranas y responder con respeto. A la vez, su propia salud mental merece atención: puede estar expuesto a amenazas, maltrato verbal o exigencias contradictorias, aunque rara vez se le invite a participar en las conversaciones sobre convivencia.

Las familias necesitan información clara y un trato que no las coloque de entrada en bandos enfrentados. Escuchar sin minimizar, evitar difundir versiones por chats y redes sociales y comunicar a la escuela lo que sus hijos cuentan en casa son formas concretas de colaborar. La escuela, por su parte, debe explicar qué medidas de protección ha tomado y mantener contacto sin divulgar datos de otros estudiantes. Cuando padres y educadores se acusan mutuamente, los niños y adolescentes pueden perder la confianza en ambos. El diálogo no exige estar siempre de acuerdo; exige sostener una responsabilidad compartida.

Después de un episodio grave, recuperar la convivencia lleva tiempo. No basta con cerrar un expediente o realizar una charla aislada. Conviene acompañar a las personas afectadas, observar si persisten el miedo o la exclusión, revisar qué condiciones permitieron la violencia y ajustar las prácticas escolares. Si alguien presenta un sufrimiento intenso o persistente, la escuela debe facilitar el acceso a profesionales de salud mental y mantener su apoyo educativo.

Una escuela cuidadora no promete eliminar todo conflicto. Ofrece algo más realista y necesario: adultos capaces de intervenir, normas justas, espacios para hablar y la convicción de que nadie debe afrontar la violencia en soledad. La salud mental se protege cada día, en la manera de escuchar una queja, poner un límite, reparar un daño y volver a hacer de la escuela un lugar donde sea posible confiar y convivir.